Escrito por: Alejandra Parra
El calor y el humo emanados del café recién colado, cosechado y molido por la abuela; ese frío que roza las mejillas y los pies que ella calma con una ruana; la tierra entre las manos mientras recoge arveja y papa; la forma en que labra la Pachamama cual ritual sagrado, y la finca que mantiene un pacto de gratitud recíproca con sus animales. Hijas del campo, de casa humilde y sueños sin techo. Son las huellas de nuestras mujeres rurales, quienes nos han heredado su invaluable amor y ese abrigo que sostiene. En los páramos, en las huertas, en la vereda, entre el olor de la hierbabuena y la aguapanela, un chocolate con queso y una arepa de huevo, reposa la infancia de muchos colombianos y comienza el protagonismo de una campesina verraca.
Pero, más allá de todo lo que simboliza, de ser el motor agrícola, económico y social de nuestro país, de alimentar, preservar los ecosistemas y ser el pilar de su familia, se esconde un despojo silencioso: la invisibilidad de su rol y la brecha en el acceso a tierras productivas y seguras que le garanticen independencia económica y autonomía personal.
La desigualdad persiste, al igual que el machismo. Apenas el 36 % de la propiedad de la tierra se encuentra en manos de las mujeres y solo el 1 % corresponde a predios mayores de 200 hectáreas, una cifra muy inferior a la de los hombres campesinos. Según el DANE, el 48,13 % de las personas que trabajan en la ruralidad son mujeres y una de cada dos mujeres rurales es menor de 30 años. Muchas de ellas no logran culminar una educación formal; sin embargo, sus conocimientos constituyen la base de la ancestralidad y las tradiciones de nuestros territorios. Además, se dedican de manera permanente al trabajo de cuidado no remunerado de sus hogares y, en muchos casos, de una tierra que ni siquiera les pertenece legalmente.
El patriarcado continúa jerarquizando a las mujeres en pleno siglo XXI, en una era de máxima globalización, especialmente a aquellas que han sido históricamente vulneradas, relegándolas a un nivel inferior y desmeritando una labor que rara vez conoce el descanso.
¿Acaso la tierra le pertenece a un «dueño» más poderoso y desconocedor de la realidad que se vive en las zonas de difícil acceso? Ese poder ha influido significativamente en la formulación y ejecución de las políticas públicas de tierras en Colombia. Del mismo modo, es innegable que el conflicto armado ha provocado la pérdida de la propiedad rural. Muchas mujeres y niñas han sido amenazadas, torturadas, desplazadas o condicionadas a vivir bajo el terror de no saber si despertarán al día siguiente, o bajo la obligación de trabajar para enriquecer a grupos armados ilegales, resguardando lo poco que tienen, sin documentos que respalden la propiedad de su parcela y convirtiéndose en prisioneras dentro de su propio hogar.
Es lógico que, ante esta realidad, la única alternativa haya sido huir y abandonar sus raíces. Muchas lo han hecho, pero la herida es irreparable y la justicia, en numerosas ocasiones, ha sido indolente. En 2016, el Gobierno Nacional incluyó en el Acuerdo de Paz la Reforma Rural Integral (RRI), la cual reconoce estas consecuencias e incorpora un enfoque de género que busca garantizar el acceso equitativo a la propiedad y formalización de la tierra, así como a créditos, asistencia técnica, proyectos productivos y participación en las decisiones sobre el desarrollo rural.
Asimismo, leyes como la Ley 1448 de 2011, sobre restitución de tierras; la Ley 1413 de 2010, que reconoce la economía del cuidado; y la Ley 1900 de 2018, que incorpora criterios de equidad de género en la adjudicación de tierras baldías y proyectos productivos, representan avances importantes. No obstante, su aplicación aún enfrenta múltiples dificultades. Entre ellas se encuentran la alta informalidad en la tenencia de la tierra, la costumbre de registrar los predios únicamente a nombre de los hombres, el acceso de las mujeres mediante «derechos secundarios», por su relación con un esposo o familiar, y la escasa participación femenina en los procesos de decisión sobre la propiedad rural.
Una deuda histórica, estatal y social, que nos plantea dos grandes cuestionamientos: ¿Cómo transformar, desde los territorios y las prácticas institucionales, el papel de la mujer campesina? ¿Qué acciones concretas y reales promueven su participación activa para que sea reconocida plenamente como sujeto de derechos y propietaria de la tierra?
Cada vez que conozcamos la historia de una mujer rural, recordemos que ella es sinónimo de resistencia, dignidad, identidad y futuro. No debe ser discriminada por el simple hecho de haber nacido lejos de la ciudad. Porque cuando una mujer rural avanza, avanza su familia, avanza su comunidad y avanza Colombia.
Y que nunca olvidemos algo: el campo tiene rostro de mujer… y ese rostro merece respeto, reconocimiento y oportunidades reales, dentro y fuera de su territorio.
