Escrito por: Nicolás Reyes

Hablar de gobernanza o de quién manda en un país como Colombia es un tema supremamente complejo. Desde la época en que fuimos el Virreinato de la Nueva Granada, cuando se suponía que existía un proyecto territorial que respondía a un poder central, y posteriormente con la República, la gobernanza y el control total del territorio siempre fueron, en buena medida, meras ilusiones. Fueron varios los territorios que la Corona española y, posteriormente, los presidentes de la naciente patria dejaron en situación de abandono.

Basta con observar cómo territorios como el Chocó o la Amazonía carecieron, y aún carecen, de vías que comuniquen adecuadamente estas regiones con el poder central ubicado en el altiplano. La naturaleza, las características geográficas, las comunidades nativas y la falta de interés gubernamental generaron espacios donde el Estado colombiano tuvo, y en algunos casos continúa teniendo, una presencia limitada.

En este escenario, encontramos territorios que podían carecer de la figura del poder estatal proveniente del centro del país, pero que siempre estuvieron sujetos a otros actores que terminaron ejerciendo el rol del Leviatán: guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y demás estructuras armadas. La realidad de Colombia y de su territorio es que nunca ha existido un control absoluto sobre este y, por ende, han sido otros actores quienes, en determinados contextos, han asumido funciones propias del Estado.

Por eso parto de este punto. Son múltiples las críticas —necesarias— al Acuerdo de Paz de 2016. Mucho se dice acerca de cómo este ha fallado, pero la realidad es que Colombia siempre ha estado lejos de alcanzar un control absoluto sobre su territorio. Si bien el proceso de paz ha traído consigo múltiples elementos cuestionables, ha sido interrumpido y no ha producido la solución esperada, también es cierto que hemos contado con una mejora indiscutible en determinados aspectos.

Para hablar de quién está gobernando o mandando en los territorios, primero debemos definir qué se entiende por dominio y qué se ha elaborado al respecto en contextos de conflicto. Para ello, me centraré en definir qué es la gobernanza criminal, cómo se estructura y qué territorios de Colombia están bajo este fenómeno, comparando las cifras del presente con las previas a 2016, así como la situación actual y los desafíos que se presentan para mitigar esta problemática.

Gobernanza criminal

Cuando hablamos sobre quién manda en los territorios rurales, debemos poner en el centro de la discusión las teorías que se han elaborado al respecto. El caso colombiano comparte elementos con otros fenómenos armados a nivel mundial. En múltiples latitudes, donde se supone que existe un Estado con el monopolio de la violencia, encontramos grupos que terminan rigiendo como la máxima autoridad dentro de una comunidad.

Cuando se presentan estos fenómenos de exclusión, tan comunes en el territorio nacional, las comunidades, ante la ausencia de una autoridad reguladora efectiva, se ven sujetas a aceptar formas de gobernanza criminal. En muchos escenarios caracterizados por su condición periférica y por la falta de consolidación estatal, la regulación social termina siendo impuesta por una autoridad armada.

Aquí resulta necesario explicar cómo la autoridad armada proveniente de grupos ilegales puede, en determinados contextos, proporcionar un sentido de orden o regulación. Aunque estos conceptos parezcan contradictorios o irreconciliables, existen numerosos escenarios donde ambas dinámicas pueden coexistir y, más sorprendente aún, ser aceptadas por la comunidad.

Para Ana Arjona, las zonas de guerra no son necesariamente contextos caóticos alejados de toda norma u orden. Por el contrario, muchas veces presentan formas de organización claramente definidas, donde los diferentes actores conocen las reglas existentes y se adhieren a ellas.

Todo actor armado necesita una base social. Cualquier milicia requiere algún grado de apoyo civil para mantenerse en combate, pero son los grupos más organizados, aquellos que proyectan objetivos más sólidos, los que comprenden que, al intervenir en la vida de las comunidades y proporcionar un sentido de orden y normalidad, pueden establecer vínculos con la población y obtener su respaldo.

Este contrato social establece lineamientos claros tanto para los combatientes como para los civiles. A los primeros se les indica cómo deben comportarse frente a la población con el fin de generar confianza y estabilidad; a los segundos se les comunica qué conductas se esperan de ellos. Todo esto busca construir un orden social y una relación simbiótica en la que los grupos armados proporcionan estabilidad y capacidad de planeación a futuro, mientras reciben el apoyo necesario para sostener su proyecto armado e influir en el desarrollo del conflicto. (Arjona, 2016)

Casos como estos son numerosos en Colombia y se remontan a varias décadas atrás. Sin embargo, debemos delimitar temporalmente el análisis. Han sido varias las zonas del país que han experimentado la ausencia estatal y se han visto obligadas a someterse a las reglas de grupos armados para sobrevivir. La comparación que realizaremos será entre el año 2016, previo a la implementación del Acuerdo de Paz, y el panorama actual, definiendo los grupos armados que existían y existen, así como su dominio sobre el territorio colombiano.

Un contraste de 2016 a 2025

Remontémonos a 2016, antes de la implementación del proceso de paz. Para ese año, Colombia contaba con un extenso repertorio de grupos armados ilegales que ejercían algún tipo de gobernanza criminal en distintas partes de la nación: los Conquistadores de la Sierra, los Rastrojos, el Clan del Golfo y muchas otras estructuras armadas que tenían cierto grado de control territorial. Dichas estructuras, en gran parte, surgieron del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Fueron varias de estas organizaciones las que lograron hacerse con las antiguas rentas de sus predecesoras y perpetuar su operación criminal, esta vez sin un marcado componente ideológico y más orientada hacia fines económicos.

Por otro lado, antes de 2016, los grupos guerrilleros que ejercían mayor control eran las FARC, el ELN y Los Pelusos, disidentes del antiguo EPL. Para efectos de practicidad, nos limitaremos a hablar de los hombres en armas que tenían las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, las áreas que controlaban y cómo ha cambiado el panorama diez años después.

Empecemos hablando del fenómeno paramilitar. Tras los Acuerdos de Paz de Ralito, las antiguas AUC, quienes fueron los máximos exponentes de este fenómeno contrainsurgente —auspiciado en muchas ocasiones por el Estado—, dejarían de existir. Fueron varios los mandos medios y bajos quienes terminaron reagrupándose en distintas organizaciones criminales que heredaron los negocios de las AUC. Eventualmente, muchas de estas estructuras terminarían conformando lo que hoy conocemos como el Clan del Golfo, una gran organización narcotraficante con una amplia tradición y poder bélico.

Previo a 2016, este grupo, según estimaciones, lograba presencia en 20 departamentos y contaba con alrededor de 3.000 hombres en armas, concentrados en su mayoría en la costa Caribe. Para el año 2025, la estimación sobre este grupo rondaba los 8.945 miembros y su presencia se había extendido prácticamente a todos los departamentos, convirtiéndolo en el grupo armado ilegal más grande del país.

En lo que respecta al ELN, su crecimiento y dominio territorial han sido exponenciales. Mientras que para 2016 el grupo se encontraba en uno de sus momentos más frágiles, con aproximadamente 3.000 milicianos, para 2025 la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hablaba de que esta guerrilla podría contar con 6.400 miembros. No obstante, de esta cifra debemos hacer una aclaración: cuando comenzó la política de Paz Total, esta guerrilla presentó fisuras, fragmentándose entre un sector dispuesto a negociar la paz y otros sectores renuentes a hacerlo.

Ahora bien, hablar de las FARC resulta quizá el caso más apremiante. Cuando la discusión se centra en qué tan efectivo ha sido el Acuerdo de Paz, podemos observar que, para ese momento, las FARC, siendo la guerrilla más grande del hemisferio, reportaban 13.609 combatientes. Al comparar esta cifra con los grupos disidentes que se han agrupado a lo largo del país, vemos cómo las disidencias de Iván Mordisco cuentan con algo más de 3.000 hombres; las de Calarcá, alrededor de 2.000; el CNEB, 1.600 individuos; y, por último, la Segunda Marquetalia, con poco menos de 500.

Su presencia a lo largo de la nación tampoco representa el mismo desafío que llegó a significar la guerrilla de las FARC. Aun así, desde el proceso de paz, estos grupos disidentes han logrado copar más territorio del que tenían en 2016.

Panorama actual

A partir de estas cifras, se presenta como indiscutible el hecho de que, en el territorio nacional, los grupos armados ilegales han experimentado un incremento considerable en sus números, sus recursos económicos y su control territorial. Esto hace evidente que, si bien las disidencias de las FARC no alcanzan en conjunto las dimensiones de lo que fue su proyecto guerrillero antes del proceso de paz, la seguridad ha vuelto a convertirse en una problemática apremiante en el país, pues parecemos estar entrando en otra era de violencia.

Esto no es algo exclusivo de Colombia. Analistas del conflicto como Víctor de Currea-Lugo han establecido que, después de cada proceso de paz, puede presentarse el surgimiento de grupos disidentes u otros actores armados que buscan ocupar los espacios de poder dejados por las estructuras desmovilizadas. Es aquí donde la presencia del Estado se vuelve urgente y donde el caso colombiano ha demostrado sus dificultades para responder de manera efectiva. (Lugo, 2022)

El problema del incremento de la gobernanza criminal y de sus actores armados no es algo reciente. Sin duda alguna, en la actualidad afrontamos una seria crisis de inseguridad, pero esta no se debe únicamente a un cese o baja de la ofensiva militar contra los grupos armados. También debe tomarse en consideración la falta de compromiso para cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz. Si a esto se suma un fuerte antecedente de abandono estatal, tenemos como resultado el escenario que estamos afrontando actualmente.

Las necesidades que han dado pie a la guerra no han sido solventadas y aquellas que sí han sido abordadas no lo han sido con la suficiente urgencia. Ante esta desesperanza, falta de compromiso y persistencia de las necesidades sociales, el conflicto colombiano podría volver a entrar en otro ciclo de violencia y expansión.

Ahora, como sociedad, nos enfrentamos nuevamente a promesas que aparecen cada tanto cuando el conflicto parece recrudecer. Se nos habla de una ofensiva total, de un nuevo método o de una estrategia para afrontar esta crisis de seguridad. Sin embargo, a partir de la experiencia de los conflictos internacionales y nacionales, debemos ser objetivos y críticos, hacer un ejercicio de memoria y reconocer que estas estrategias militares difícilmente serán completamente efectivas si no están acompañadas de un sólido plan social.

El problema de Colombia, como el de muchos otros países, no responde únicamente a una lógica de conflicto o militar. Se trata de un problema estructural que demanda ser abordado desde múltiples ámbitos. Solo de esta forma será posible mitigar la reaparición y consolidación de grupos armados después de un proceso de paz.

Referencias

Arjona, A. (2016). Rebelocracy: Social order in the colombian civil war. Cambridge: Cambridge university press.

Lugo, V. d. (2022). Fanatismos mitos y fusiles. Bogota : Intermedio Editores .