Escrito por: Sara Clemencia Rubio Botero*
En los últimos años Colombia ha sido testigo de un crecimiento significativo en la lucha por la protección del medio ambiente. Desde la Amazonía hasta la costa del Caribe, un grupo valiente de individuos se ha alzado como guardianes de la naturaleza, enfrentando desafíos y peligros considerables en su búsqueda por preservar los recursos naturales del país. Estos ambientalistas no solo son protectores del entorno, sino también defensores de derechos humanos que merecen todo nuestro apoyo y protección.
En efecto, la labor de los ambientalistas en Colombia no solo conlleva a la protección del medio ambiente, sino también la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades que dependen de los recursos naturales. Esto incluye el derecho a un medio ambiente sano (artículo 79), el derecho de las comunidades indígenas a mantener su forma de vida tradicional (artículo 7 y 246), y el derecho a un desarrollo sostenible que beneficie a toda la sociedad [1], entre otros.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [2], ha emitido recomendaciones valiosas en los últimos años para garantizar la seguridad y la integridad de los defensores de derechos humanos en Colombia. Estas directrices, que se aplican a nivel continental, enfatizan la importancia de reconocer y apoyar el trabajo vital de los defensores de derechos humanos, entre los cuales se encuentran los ambientalistas.
Cabe mencionar que en estas recomendaciones se subraya que el reconocimiento del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos es esencial para fortalecer la protección de los mismos, y para lograrlo, es fundamental evitar la adopción de leyes y políticas contrarias a estándares internacionales que puedan obstaculizar su labor.
Asimismo, es indispensable garantizar la actuación debida de los operadores de justicia para evitar procesos penales con duración irrazonable y detenciones arbitrarias. En este sentido, es necesario erradicar el uso indebido de medidas cautelares y asegurarse de que estas disposiciones estén acordes a los estándares internacionales, sin que representen un obstáculo para la labor de los defensores de derechos humanos.
En 2022, Colombia experimentó un alarmante incremento en la violencia contra los defensores de derechos humanos, especialmente los defensores ambientales. El informe de Global Witness destaca que Colombia se convirtió en el país más peligroso para estos individuos, con un total de 60 asesinatos, lo que representa más de un tercio de los 177 asesinatos de defensores de la tierra a nivel mundial en ese año [3].
Sin embargo, con la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional [4], se vislumbra una buena voluntad política por parte del Ministerio de Ambiente, ya que este busca reconocer, acompañar y resarcir el rol desempeñado por los defensores ambientales en sus comunidades, al mismo tiempo que busca mejorar su seguridad en diferentes regiones del país.
Lamentablemente, ahora los activistas ambientales no sólo corren el riesgo de ser asesinados, sino que enfrentan una creciente criminalización, lo que implica que las leyes están siendo utilizadas en su contra como una estrategia para silenciar sus voces. Esta situación es motivo de gran preocupación, y se espera que las acciones gubernamentales, así como la ratificación de acuerdos como el Acuerdo de Escazú, contribuyan a mejorar la seguridad y la protección de los defensores ambientales en Colombia.
En cada rincón del país, los ambientalistas dedican su tiempo y energía a la protección de nuestros recursos naturales. Su labor debe ser un recordatorio constante de la importancia de conservar nuestro entorno para las generaciones futuras. Cuidar y proteger a los ambientalistas en Colombia no solo es un deber, sino una necesidad imperante.
Por lo tanto, y siguiendo las recomendaciones de la CIDH, debemos salvaguardar a estos defensores de derechos humanos que trabajan incansablemente para proteger nuestra tierra y promover un equilibrio vital entre el desarrollo y la sostenibilidad. Su labor es un faro de esperanza en un mundo que necesita con urgencia defensores de la naturaleza y de los derechos humanos, por eso mi total admiración a su dedicación y valentía en la lucha por un mejor futuro para todos. Tal como dice Ross Perot: “Alguien activista no es quien dice que el río está sucio. Alguien activista es quien limpia el río”.
Referencias
[1] Constitución Política de Colombia (1991) Recuperada de: http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
[3] El Tiempo (2023). Informe líderes ambientales asesinados: ¿Qué responde la ministra de Ambiente? El Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/informe-lideres-ambientales-asesinados-que-responde-la-ministra-de-ambiente-805247
[4] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Aprobado Acuerdo de Escazú a 63 días de iniciar gobierno del presidente Petro. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/aprobado-acuerdo-de-escazu-a-63-dias-de-iniciar-gobierno-del-presidente-petro/#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Escaz%C3%BA%20es,que%20afectan%20al%20medio%20ambiente.
* Sara Clemencia Rubio Botero
Magíster en Historia de la Universidad de los Andes, politóloga, con énfasis en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales, tecnóloga en Negocios internacionales del Sena- Regional Tolima y estudiante del pregrado de Historia de la Universidad de Caldas. Ex-coordinadora General de la Fundación Grothendieck.
