Escrito por: Karla Acosta
Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta hoy una crisis ambiental sistémica que amenaza la estabilidad ecológica, económica y social de todas sus regiones. No es una preocupación lejana: desde la Amazonía hasta la Sabana de Bogotá, pasando por los páramos andinos, las ciénagas del Caribe y los ríos del Pacífico, el deterioro ambiental ya es una realidad devastadora que exige atención inmediata.
En el primer trimestre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportó la pérdida de 27 052 ha de bosque en la Amazonía, una cifra 33 % menor que en 2024, pero igual de alarmante. Las causas principales—praderización, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería ilegal y tala no regulada—están vinculadas a economías criminales que consolidan territorios sin presencia estatal. En regiones como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, esto ha impulsado conflictos armados y desplazamientos forzados, y ha deteriorado la gobernabilidad local. Aunque el Plan Integral de Contención de la Deforestación 2023–2026 introduce enfoques preventivos, territoriales y comunitarios, su impacto real depende de recursos sostenibles y articulación institucional [1].
El IDEAM ha identificado 44 “núcleos activos” de deforestación, concentrando más de 946 670 ha en las últimas dos décadas; solo la Amazonía representa el 70 % de esta pérdida territorial [2]. A pesar de una caída del 40 % en la deforestación entre 2022 y 2024, facilitada por el programa «Conservar-Paga», queda claro que detener la deforestación no basta: se requiere crear alternativas sostenibles para las comunidades campesinas e indígenas que viven de esos Bosques [3].
En abril de 2024, la capacidad del embalse de Chuza —parte crucial del sistema Chingaza que abastece el 70 % del agua de Bogotá— cayó al 16 %, frente al 72 % en el mismo periodo del año anterior. El IDEAM predijo una sequía prolongada en el primer semestre de 2025, asociada a El Niño, que llevó al racionamiento de agua en Bogotá y municipios como Soacha, Cogua y Nemocón. Esta crisis revela la fragilidad de la infraestructura hídrica urbana, la debilidad de la educación ambiental y la carencia de una planificación territorial integral.
Pero la sequía no se limita a la capital: en la Orinoquía, Caribe, Pacífico y Amazonía, el IDEAM registra reducciones en precipitación de entre 10 % y 40 %, elevando exponencialmente los riesgos de incendios, erosión, pérdida de cultivos y enfermedades hídricas en territorios rurales marginados. En 2024, se presentaron 355 municipios en alerta por incendios, de los cuales 117 estaban en alto riesgo, incluyendo áreas como Santander, Antioquia, Caquetá, Chocó y Bogotá [4]. Más de 340 incendios arrasaron 900 ha en 174 municipios, afectando páramos como el de Berlín (Santander), donde se destruyeron frailejones fundamentales para retener agua [5].
En cuanto a residuos sólidos, el Senado alertó que 18 rellenos sanitarios están colapsados y 22 departamentos enfrentan graves dificultades. La deficiente recolección, el bajo reciclaje y los vertimientos arbitrarios contaminan ríos y amenazan la salud pública. Proyectos legislativos exigen 70 % de material reciclado en botellas PET para 2025, y 90 % para 2030, pero permanecen pendientes de aplicación concreta.
Desde la academia, la Universidad Central —a través del programa UC Verde— impulsa sistemas de uso sostenible del suelo (SUST) y agroecología, integrando estudiantes e investigadores con comunidades rurales. Estas iniciativas permiten diagnosticar la degradación del suelo, implementar biorremediación y proponer proyectos productivos adaptados localmente, pero requieren mayor escala y articulación con políticas públicas.
Un estudio de 2015 de la UNAD, publicado en Scielo México, evidenció que el 39,6 % de estudiantes identifica la contaminación del agua como el principal problema ambiental, seguido por el aire (23,5 %) y los residuos sólidos (18,9 %). Esa percepción, alineada con diagnósticos técnicos, muestra una conciencia emergente, pero también la brecha existente entre el diagnóstico ciudadano y la toma de decisiones estructurales.
Económicamente, el CONPES 4058 estima que no adaptarse a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña puede costar al país hasta 0,5 % del PIB anual. El CONPES 4021 advierte pérdidas de 1,5 billones pesos para 2030 si la degradación ambiental continúa; por su parte, el CONPES 4145 canaliza 6,4 billones en inversión en I+D, en parte para responder a estos desafíos socioambientales [6].
En el plano político y social, voces como la senadora María José Pizarro, exigieron mayor coordinación entre ministerios y presentaron una ley de transición ecológica justa que resguarde derechos ancestrales y territoriales. El exministro Manuel Rodríguez Becerra ha advertido en foros académicos y congresos que sin institucionalidad sólida y descentralización efectiva, los planes ambientales quedarán en papel. La Corte Constitucional, al reconocer derechos del río Atrato, abrió camino jurisprudencial, aunque la aplicación efectiva en territorios sigue siendo una deuda histórica.
Colombia suma 237 metas en su NDC 3.0 (La NDC significa Contribución Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés: Nationally Determined Contribution). Es el compromiso que cada país asume para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, en el marco del Acuerdo de París (adoptado en 2015 por la ONU)) desde adaptación y mitigación, hasta gestión de residuos y justicia climática, con enfoque diferenciado para mujeres, pueblos étnicos, campesinos y jóvenes. Estas medidas están alineadas con la Ley 2169 de 2021 y el marco del Acuerdo de París [7].
Adicionalmente, se han firmado acuerdos territoriales en zonas como Caquetá, Mojana, Sabana de Bogotá, Páramo Cruz Verde–Sumapaz, Caribe y Guajira, que buscan ordenar el desarrollo alrededor del agua y restaurar ecosistemas. El informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2024 revela un avance del 61 % en ordenamiento territorial hídrico y más del 278 % en metas de reducción de deforestación, incluyendo mecanismos como “Conservar-Paga” e incentivos a comunidades locales [8].
También el CONPES 4058 impulsa un marco de adaptación a desastres climáticos, destacando que el 87 % de los eventos de riesgo en el país son meteorológicos o hidro climáticos, lo que subraya la urgencia de fortalecer capacidades técnicas locales y políticas públicas con enfoque multisectorial [9].
Colombia aún está a tiempo de revertir el rumbo de su crisis ambiental, pero ese margen se estrecha con cada decisión postergada. La acción efectiva no depende únicamente de nuevas leyes, sino de una voluntad política firme, de una ciudadanía activa y de una justicia ambiental que se ejerza en cada rincón del país. El agua, los bosques y la vida no pueden seguir siendo variables de ajuste en el modelo de desarrollo. Como advirtió el exministro Manuel Rodríguez Becerra, sin una institucionalidad sólida todo plan seguirá siendo letra muerta. El desafío está en transformar la conciencia colectiva en compromisos sostenidos. Porque cuidar el ambiente no es una opción: es la única forma de cuidar el futuro.
Referencias:
[1] minambiente.gov.co+1minambiente.gov.co+1.
[2] Ministerio de Ambiente. 2023. Plan integral de contención de la deforestación 2023 – 2026.
[3] [8] Ministerio de Ambiente. 2023. Plan Estratégico institucional y sectorial 2023-2026 del Sector y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
