Leni Viviana Murcia Naranjo – Líder del Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria
Ingrid Lorena Quintero Bastida– Directora del Programa de Derecho de UniAgraria
Hellen Daniela Beltrán Chaves – Estudiante de Derecho de UniAgraria
«Este artículo es resultado de los procesos de investigación del Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria y el trabajo conjunto con la Fundación Cultural Llano Adentro«
El acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia sigue siendo un reto significativo, en especial para los municipios responsables de garantizar la cobertura de acueducto y alcantarillado a toda la población. Para abordar esta problemática, es esencial considerar la evolución de las políticas públicas, la normatividad vigente y el desarrollo institucional que ha buscado resolver los desafíos asociados a estos servicios esenciales.
En la última década, el país ha logrado avances importantes en materia de infraestructura y gestión del agua, sin embargo, persiste la necesidad de una transformación estructural. Esto implica adoptar un enfoque integral que contemple la participación articulada de los distintos niveles del Estado y el fortalecimiento de las estrategias de gestión comunitaria.
La propuesta es que, únicamente mediante un trabajo conjunto entre las comunidades rurales, el sector público y los actores privados será posible consolidar soluciones sostenibles que garanticen un acceso equitativo y eficiente a estos servicios en todo el territorio nacional. Así mismo, la implementación de modelos adaptados a las condiciones rurales y la promoción de tecnologías innovadoras también juegan un papel clave para mejorar la calidad y cobertura del acceso al agua potable y el saneamiento en el campo colombiano.
En Colombia, el marco normativo que define estos derechos se fundamenta en la Constitución Política de 1991, la cual establece principios de bienestar y equidad social. Asimismo, la Ley 142 de 1994, considerada la base legal para los servicios públicos domiciliarios, dispone los lineamientos que rigen su funcionamiento, regulación y acceso, estableciendo la obligación del Estado de asegurar su cobertura eficiente.
A nivel global, en 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental, exigiendo que todos los países adopten medidas para garantizarlo, protegerlo y respetarlo. Este reconocimiento impone compromisos específicos que los gobiernos deben cumplir, promoviendo políticas orientadas a la universalización del servicio, especialmente en territorios vulnerables.
Entonces, el acceso al agua es un derecho esencial reconocido a nivel internacional y nacional, entendido como la garantía de que todas las personas puedan disponer de agua en condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico. Según lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este derecho implica que el agua debe ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, asegurando su disponibilidad sin discriminación.
Uno de los principales compromisos del país en este ámbito está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con la meta de garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento básico para toda la población antes del año 2030.
En el ámbito rural, la planificación y regulación del acceso al agua potable y saneamiento básico se rige por diversas políticas públicas que han sido formalizadas en documentos estratégicos. Entre ellos destacan el CONPES 3810 de 2014, que establece la política específica para el suministro de estos servicios en las zonas rurales, y el CONPES 3918 de 2018, que incorpora estrategias para mejorar su implementación y sostenibilidad.
Desde una perspectiva jurídica, el agua cumple una doble función en Colombia: por un lado, es un derecho fundamental, indispensable para la vida y la dignidad humana; por otro, es un servicio público, cuya prestación y regulación deben ser aseguradas por el Estado. En este sentido, las entidades gubernamentales tienen el deber de garantizar el acceso al servicio de acueducto, manteniendo condiciones de calidad y cobertura óptimas.
En este sentido, el rol del Estado en la gestión del agua está determinado por principios clave como la eficiencia, que busca la administración adecuada de los recursos hídricos; la universalidad, que promueve el acceso equitativo sin exclusión de sectores vulnerables; y la solidaridad, que garantiza que la provisión del agua responda a las necesidades de toda la población.
Por tanto, el acceso equitativo y sostenible al agua y al saneamiento requiere una articulación efectiva entre los niveles gubernamentales, el desarrollo de infraestructura adaptada a las condiciones territoriales y el fortalecimiento de mecanismos comunitarios de gestión, de manera que se optimicen los recursos y se garantice el cumplimiento de estos derechos en todo el país.
La puesta en marcha de estas medidas se realiza a través de una estructura institucional que involucra entidades con competencias claramente definidas, asegurando la gestión eficiente de los recursos y el cumplimiento del marco legal vigente. A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lidera la formulación de políticas, el desarrollo normativo y la asignación de financiamiento para los proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento.
Para la regulación del sector, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) establece los lineamientos normativos que rigen la prestación de estos servicios, mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerce la vigilancia y control para garantizar su adecuado funcionamiento.
Sin embargo, los municipios rurales de Colombia enfrentan múltiples desafíos que afectan a la población en cuanto a la garantía y protección del derecho al agua, saneamiento básico y alcantarillado, algunos de ellos son:
Desconocimiento normativo y baja capacidad técnica
• Las comunidades, municipios y prestadores no conocen la normativa y regulación vigente, lo que limita el acceso a mecanismos de apoyo y gestión eficiente.
• Los prestadores de servicios carecen de capacidades técnicas suficientes para garantizar una operación adecuada y sostenible de los sistemas de agua y saneamiento.
Limitaciones financieras
• La falta de recursos dificulta la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar la prestación eficiente de los servicios.
• No existe una adecuada estratificación socioeconómica, lo que impide una correcta aplicación de tarifas para el financiamiento del servicio.
• La falta de apoyo de las administraciones municipales reduce la capacidad de acción en la implementación de mejoras.
Planeación y financiación de inversiones
• Las administraciones municipales tienen limitaciones presupuestarias para cubrir las necesidades de agua y saneamiento en áreas urbano-rurales.
• La capacidad de pago de los habitantes rurales es baja, impidiendo que los proyectos sean financiados a través de tarifas.
• No se priorizan planes e inversiones rurales dentro de los programas municipales de desarrollo.
• La falta de estudios y diseños adecuados obstaculiza el acceso a fuentes alternativas de financiación.
• Existen dificultades para cumplir con requerimientos técnicos y ambientales exigidos para la ejecución de proyectos.
• Problemas de disponibilidad de predios y servidumbres afectan la viabilidad de proyectos de infraestructura hídrica.
• Bajo nivel de titulación de tierras impide la legalización de proyectos de abastecimiento.
• Los altos costos de infraestructura dificultan la implementación de economías de escala.
• Acceso limitado a tecnologías adecuadas y sostenibles para sistemas de agua y saneamiento.
• Construcción de infraestructura sin asegurar su correcta operación a largo plazo.
• Escasa participación comunitaria en el diseño y ejecución de proyectos.
• Falta de asistencia técnica para garantizar la calidad en la implementación de sistemas de agua potable.
• Los fondos departamentales y nacionales destinados al sector no son suficientes para atender la demanda.
Disponibilidad y gestión de fuentes hídricas
• El cambio climático afecta la disponibilidad de agua en los sistemas de acueducto.
• Riesgos naturales y antrópicos comprometen la sostenibilidad de las fuentes de abastecimiento.
• Modificaciones en el uso del suelo y procesos de deforestación impactan negativamente las cuencas hídricas.
• La degradación de cuencas abastecedoras reduce la cantidad y calidad del agua disponible.
• Aumento de la demanda por parte de sectores agrícola, pecuario, energético y minero genera presiones sobre los recursos hídricos.
• Conflictos por la propiedad y uso del agua afectan la disponibilidad para los acueductos rurales.
• Gestión ambiental ineficiente en el manejo de cuencas y microcuencas por parte de las autoridades.
Así las cosas, para garantizar el acceso eficiente al agua potable y saneamiento en las zonas rurales, es fundamental adoptar un enfoque integral que considere múltiples factores como la densidad demográfica, la distancia a centros urbanos, la actividad productiva y las condiciones económicas de los habitantes, entre otros. Este modelo permitirá una mejor planificación de los servicios, adaptándolos a la realidad territorial y promoviendo soluciones efectivas y sostenibles.
En conclusión, la solución efectiva a los problemas de acceso a agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales requiere la implementación de políticas de Estado que trasciendan los periodos gubernamentales. Es fundamental fortalecer la capacidad de los municipios, especialmente los de categorías cuarta, quinta y sexta, mediante procesos de planeación estructurados que incluyan estrategias de corto, mediano y largo plazo.
