Escrito por: Eliana Wiesner L
A un mes del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la emergencia comienza lentamente a desaparecer de las conversaciones cotidianas y del centro de la agenda nacional. Pero en los territorios afectados sus consecuencias permanecen. Las familias que perdieron sus viviendas, las comunidades que vieron alteradas sus vías de comunicación y quienes todavía intentan recuperar cierta normalidad saben que un desastre no termina cuando dejan de circular las imágenes de la emergencia. Con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el terremoto volvió a poner frente al país una realidad incómoda: las tragedias no ocurren sobre territorios vacíos. Llegan a lugares atravesados por historias, desigualdades, capacidades institucionales y vulnerabilidades construidas durante décadas.
Por eso, un mes después, quizá sea momento de hacer una pregunta diferente. No solamente qué destruyó el terremoto, sino qué encontró cuando llegó. Porque el sismo produjo nuevas grietas, pero también dejó al descubierto muchas que ya estaban allí: diferencias enormes en infraestructura, conectividad, vivienda, acceso a servicios públicos y capacidad de respuesta institucional. En un país profundamente desigual entre sus regiones, una emergencia de esta naturaleza inevitablemente termina siendo también una radiografía de las condiciones en las que viven sus habitantes.
El Chocó representa uno de los ejemplos más duros de esa desigualdad. Las cifras oficiales permiten dimensionarla. En 2025, mientras la pobreza multidimensional nacional se ubicó en 9,9 %, el departamento continuó registrando brechas sociales muy superiores al promedio colombiano. Más contundente todavía es la pobreza monetaria: el DANE reportó para 2025 una incidencia de 65,3 % en Chocó, la más alta entre los departamentos del país. La cifra incluso obliga a reconocer una paradoja: hubo una mejoría frente al 67,4 % registrado en 2024, pero casi dos de cada tres personas continuaban viviendo bajo la línea de pobreza. Es decir, el terremoto no convirtió al Chocó en un territorio vulnerable. Encontró una vulnerabilidad que ya existía.
Y aquí aparece una distinción fundamental. Los terremotos son fenómenos naturales; los desastres, en cambio, no son completamente naturales. Colombia no puede impedir el movimiento de las placas tectónicas ni determinar cuándo ocurrirá un nuevo sismo. Lo que sí puede decidir es cómo construye sus viviendas, dónde desarrolla infraestructura, qué tan preparados se encuentran sus hospitales, cuáles son las condiciones de sus escuelas, qué alternativas de movilidad tienen los municipios y qué capacidades poseen las instituciones y las comunidades para responder ante una emergencia. La amenaza puede provenir de la naturaleza, pero buena parte de nuestra vulnerabilidad se construye mediante decisiones (o ausencia de ellas) acumuladas durante años.
Esta mirada obliga también a discutir el papel del Estado. En las primeras horas de una emergencia es indispensable desplegar organismos de socorro, atender heridos, movilizar ayuda humanitaria, recuperar comunicaciones y coordinar autoridades nacionales y territoriales. Esa capacidad de reacción importa y debe evaluarse con rigor. Pero medir la eficacia del Estado únicamente por cuántas ayudas entrega después de una tragedia sería utilizar una vara demasiado pequeña. Un Estado preparado no es solamente aquel que aparece rápidamente cuando ocurre el desastre. Es aquel que trabajó antes para disminuir sus consecuencias.
La verdadera gestión del riesgo empieza mucho antes de que ocurra un terremoto. Está en el ordenamiento territorial, en el conocimiento de las amenazas, en viviendas construidas con estándares adecuados, en hospitales capaces de funcionar durante una emergencia, en escuelas seguras, en carreteras resilientes, en sistemas de comunicación confiables y en instituciones locales con recursos y personal preparado. También está en las comunidades que conocen su territorio y participan de las decisiones sobre cómo habitarlo. La prevención quizá produzca menos fotografías que una entrega masiva de ayuda humanitaria, pero puede salvar muchas más vidas.
El problema es todavía más profundo en territorios rurales y dispersos. Allí una carretera bloqueada puede significar aislamiento; la afectación de un pequeño centro de salud puede dejar a una población sin alternativas cercanas; una falla de comunicaciones puede dificultar durante horas conocer las dimensiones reales de una emergencia. La geografía explica parte de esas dificultades, especialmente en un departamento como Chocó. Pero utilizar la geografía para explicar todo sería demasiado cómodo. Precisamente porque sabemos que estos territorios son complejos deberían requerir mayor anticipación, inversión diferenciada y capacidades adaptadas a sus condiciones.
Ahora comienza, además, uno de los momentos más difíciles: la reconstrucción. Y existe un riesgo que Colombia debería evitar. Reconstruir rápidamente puede convertirse simplemente en reconstruir las mismas vulnerabilidades. Levantar una vivienda donde existía otra, recuperar una carretera exactamente bajo las mismas condiciones o devolver una escuela a su estado anterior puede solucionar una necesidad inmediata sin modificar las causas que hicieron vulnerable al territorio. Reconstruir no debería significar volver al 9 de agosto. Debería significar construir condiciones mejores que las existentes antes del terremoto.
En el Chocó esta discusión adquiere una dimensión adicional porque las emergencias rara vez llegan solas. Muchas comunidades conviven simultáneamente con pobreza, aislamiento geográfico, inundaciones, deslizamientos, dificultades de acceso a servicios públicos y dinámicas relacionadas con el conflicto armado. Son crisis que se superponen. Una familia puede enfrentar una emergencia natural mientras su territorio atraviesa problemas de seguridad; una comunidad puede necesitar asistencia humanitaria mientras continúa teniendo dificultades históricas para acceder a salud o transporte. Allí la gestión del riesgo deja de ser exclusivamente un asunto de desastres y se convierte también en una discusión sobre desarrollo territorial.
Esto debería llevarnos a cuestionar otra expresión que repetimos con demasiada facilidad cuando hablamos del Chocó: su “resiliencia”. Por supuesto que existe una enorme capacidad comunitaria para organizarse, cuidarse, reconstruir y continuar. Es una fortaleza que merece reconocimiento. Pero romantizar esa resiliencia puede ser peligroso. Celebrar permanentemente que las comunidades logren levantarse después de cada tragedia puede impedirnos formular una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué tienen que levantarse tantas veces?
Ningún territorio debería estar condenado a demostrar permanentemente su capacidad de resistencia. El Chocó no necesita solamente admiración por su fortaleza. Necesita condiciones materiales e institucionales para que esa fortaleza no tenga que ponerse a prueba una y otra vez. La resiliencia comunitaria debe complementar la capacidad pública, nunca sustituirla.
Algo parecido sucede con la solidaridad. Después de una tragedia Colombia suele demostrar una enorme capacidad de movilización: ciudadanos que donan alimentos y ropa, organizaciones sociales que llegan a los territorios, empresas que aportan recursos, voluntarios que trabajan durante días y comunidades que se organizan para ayudar a sus vecinos. Esa solidaridad resulta indispensable y habla de una sociedad capaz de reaccionar colectivamente ante el dolor. Pero también tiene límites. Una campaña puede alimentar temporalmente a cientos de familias; no puede construir un sistema regional de salud. Puede conseguir materiales para una escuela; no reemplaza una política de infraestructura educativa segura. Puede reparar temporalmente una vivienda; no sustituye una política pública de hábitat.
La solidaridad sostiene a una sociedad durante una emergencia. El Estado debe crear las condiciones para que esa sociedad no tenga que vivir permanentemente en emergencia.
Por eso, la discusión tampoco debería reducirse a responsabilizar exclusivamente al gobierno de turno. Hacerlo sería políticamente sencillo, pero analíticamente pobre. Las brechas del Chocó se han construido durante décadas y atraviesan administraciones nacionales, departamentales y municipales de distintos signos políticos. También involucran problemas de capacidad institucional, corrupción, conflicto armado, economías ilegales, dificultades geográficas, inversiones insuficientes y una relación histórica profundamente desigual entre el centro y las periferias colombianas. Reconocer esa complejidad no disminuye la responsabilidad del Estado; al contrario, hace más exigente la discusión sobre ella.
Un mes después, cuando la atención comienza inevitablemente a desplazarse hacia otros acontecimientos, aparece quizá el momento más importante. Durante la emergencia todos miramos. La verdadera prueba empieza cuando dejamos de mirar. ¿Continuarán los procesos de reconstrucción cuando desaparezcan las cámaras? ¿Llegarán los recursos prometidos? ¿Se fortalecerán las capacidades locales? ¿Las nuevas viviendas serán más seguras? ¿Las comunidades participarán en las decisiones? ¿Habremos aprendido algo antes de la próxima emergencia?
Los desastres funcionan como enormes radiografías sociales. En cuestión de segundos permiten observar dónde están los hospitales, quién tiene una vivienda segura, qué comunidades pueden comunicarse, cuáles municipios tienen instituciones fuertes y cuáles dependen casi completamente de capacidades externas. El terremoto del 10 de agosto volvió a mostrarnos que la exposición frente a una amenaza puede ser compartida, pero la vulnerabilidad sigue estando distribuida de manera profundamente desigual.
Tal vez por eso el éxito de la reconstrucción no debería medirse únicamente en toneladas de ayuda entregada, viviendas reparadas o kilómetros de carretera recuperados. Dentro de cinco o diez años tendríamos que regresar a San José del Palmar y a las demás comunidades afectadas y formular una pregunta mucho más sencilla: ¿sus habitantes están hoy menos expuestos que antes del terremoto?
Si la respuesta es afirmativa, habremos reconstruido. Si simplemente volvimos a dejar las cosas como estaban, solo habremos reparado.
Colombia seguirá enfrentando terremotos, inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos naturales. No podemos negociar con la geología ni controlar el clima. Pero sí podemos decidir qué país encontrarán esas amenazas cuando vuelvan a presentarse. Esa es quizás la reflexión que debería permanecer cuando se cumpla un mes, un año o una década de esta tragedia: el terremoto comenzó el 10 de agosto; el desastre, en muchos sentidos, había empezado mucho antes.
*Fotografía: Diario El Universal. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda. 13 de agosto de 2026.
