Escrito por: Leni Murcia Naranjo
Hablar de salud mental en Colombia implica necesariamente hablar de los territorios, pues no se vive de la misma manera una crisis emocional en una gran ciudad, donde existen hospitales, centros especializados y una mayor oferta de profesionales, que en una vereda ubicada a varias horas de la cabecera municipal. En el campo, pedir ayuda puede significar mucho más que conseguir una cita. Puede implicar encontrar transporte, disponer del dinero para desplazarse, dejar a alguien encargado de los hijos, de los animales o de la parcela y, en ocasiones, vencer el temor de contarle a otro que emocionalmente las cosas no están bien.
Por eso resulta especialmente importante mirar algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 desde una perspectiva rural. Las cifras permiten aproximarnos a una realidad que no siempre ocupa el centro de la conversación sobre salud mental en Colombia, sin embargo, también debemos leerlas con prudencia. Una encuesta puede mostrarnos tendencias, diferencias y situaciones que merecen atención, pero detrás de cada porcentaje existen personas, familias y comunidades cuyas experiencias difícilmente pueden quedar contenidas en una cifra.
Uno de los datos que llama la atención tiene que ver con la empatía, entendida en la encuesta como la capacidad para comprender el punto de vista y las emociones de otras personas. Mientras en los contextos urbanos el resultado presentado es del 43,3%, en los rurales alcanza el 47,3%. La diferencia no debería llevarnos a idealizar la vida campesina ni a concluir que en el campo existen necesariamente mejores condiciones para afrontar los problemas de salud mental. Sí permite, en cambio, preguntarnos por el papel que históricamente han desempeñado la solidaridad, la cooperación y los vínculos comunitarios en muchos territorios rurales.
Quienes conocen las dinámicas campesinas saben que buena parte de la vida cotidiana se ha construido alrededor de relaciones de ayuda mutua, por ejemplo, el vecino que acompaña cuando alguien enferma, la familia que ayuda durante una cosecha, las mujeres que crean redes de cuidado, la comunidad que se organiza cuando una carretera queda cerrada o cuando una familia atraviesa una dificultad. Son formas de solidaridad que muchas veces han surgido precisamente porque las comunidades han tenido que enfrentar juntas la distancia, la precariedad y una presencia institucional insuficiente. En esos espacios, escuchar, acompañar y reconocer al otro pueden convertirse en formas concretas de sostener la vida.
Pero sería injusto convertir esa fortaleza comunitaria en una razón para disminuir las responsabilidades institucionales. Que una comunidad tenga fuertes redes de solidaridad no significa que pueda reemplazar la atención profesional, ni que las familias deban asumir solas aquello que corresponde garantizar al Estado. La empatía protege, el acompañamiento ayuda y la comunidad sostiene, pero una red vecinal no sustituye un servicio de psicología, una valoración psiquiátrica cuando resulta necesaria o un proceso continuo de atención.
Hay otro resultado de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 que merece una lectura cuidadosa. Frente al tiempo de espera para recibir la primera atención relacionada con problemas de salud mental, el 40,4% de las personas reportó una espera inferior a una semana; el 30,4%, entre una y cuatro semanas; el 19,1%, entre uno y tres meses, y el 10,2%, más de tres meses. Al diferenciar entre zonas rurales y urbanas aparece un dato interesante: la atención en menos de una semana fue reportada por el 45,4% en las zonas rurales, frente al 30,7% en las urbanas.
Es, sin duda, un resultado que merece ser reconocido y estudiado. Puede estar relacionado con avances en descentralización, fortalecimiento de la oferta territorial o modalidades extramurales de atención, como se plantea en la presentación de los resultados. Pero tampoco deberíamos apresurarnos a concluir que esto significa que las barreras de acceso a la salud mental en el campo están superadas. Una primera atención oportuna es importante, pero el derecho a la salud mental no termina en una primera consulta.
Después de ese primer encuentro aparecen otras preguntas. ¿Existe continuidad en el tratamiento?, ¿Hay profesionales disponibles para las siguientes consultas?, ¿Qué ocurre cuando una persona necesita atención especializada?, ¿Cuánto debe desplazarse para encontrarla?, ¿Puede asumir los costos de esos traslados?, ¿La atención que recibe comprende realmente las condiciones sociales y culturales de su territorio?, ¿Existen rutas claras cuando aparece una crisis? Y quizá una de las preguntas más importantes: ¿qué sabemos de quienes, aun necesitando ayuda, nunca llegan a solicitarla?
Ese último interrogante resulta especialmente relevante porque las estadísticas sobre oportunidad de la atención necesariamente parten de quienes lograron entrar al sistema. Pero hay otras personas que permanecen fuera de él. Son las que viven demasiado lejos, las que no saben a dónde acudir, las que temen ser señaladas, las que normalizaron durante años el sufrimiento o las que sencillamente no pueden abandonar durante un día sus responsabilidades para desplazarse hasta un servicio de salud. También ellas forman parte de la realidad de la salud mental del país, aunque sean más difíciles de encontrar en los indicadores.
Por eso necesitamos empezar a construir una verdadera cartografía de la salud mental rural. Una que no se limite a ubicar hospitales y centros de atención sobre un mapa, sino que permita reconocer las distancias, las ausencias y las experiencias concretas de quienes habitan los territorios. Necesitamos saber qué ocurre con las mujeres campesinas sobre quienes recaen múltiples labores productivas y de cuidado, con los jóvenes que encuentran pocas oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida, con los adultos mayores que viven solos y con comunidades que todavía cargan las huellas del conflicto armado, el desplazamiento, el despojo y diferentes formas de violencia.
La salud mental tampoco puede analizarse separada de las condiciones en las que transcurre la vida. La incertidumbre frente a la tierra, las dificultades económicas, una cosecha perdida, las deudas, la falta de oportunidades para los jóvenes, la sobrecarga de las mujeres, la violencia intrafamiliar, el aislamiento o las consecuencias que todavía permanecen después de décadas de conflicto también pueden atravesar el bienestar emocional de las personas. Comprender la salud mental rural exige entonces escuchar esas historias y reconocer que el sufrimiento humano tiene también dimensiones sociales, económicas y territoriales.
Allí encuentro precisamente uno de los retos que deja la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025. Sus resultados son necesarios y valiosos, pero la encuesta no puede convertirse en el punto de llegada. Necesitamos complementar las cifras con investigaciones territoriales, estudios cualitativos y, especialmente, con ejercicios de escucha directa a las comunidades. Hay preguntas que solamente pueden responderse sentándose a conversar con las personas, recorriendo los territorios y comprendiendo cómo se experimentan allí la tristeza, la soledad, la ansiedad, el miedo, el duelo, pero también la esperanza, la solidaridad y las distintas formas comunitarias de cuidado.
Esta discusión es todavía más importante cuando entendemos que no estamos hablando simplemente de bienestar emocional. Estamos hablando de un derecho. La salud mental hace parte del derecho fundamental a la salud y está íntimamente relacionada con la dignidad humana. Desde esa perspectiva, el lugar en el que una persona nace o decide vivir no debería determinar sus posibilidades de recibir atención adecuada, continua y oportuna.
Colombia necesita seguir avanzando, pero también necesita preguntarse qué significa realmente garantizar la salud mental en un país profundamente desigual y territorialmente diverso. No basta con aumentar el número de consultas si las personas no pueden continuar los tratamientos. No basta con llevar ocasionalmente profesionales a los territorios si después las comunidades vuelven a quedar solas. Y tampoco basta con reconocer la capacidad de cuidado de las familias campesinas si esa valoración termina convirtiéndose, paradójicamente, en una forma de trasladarles responsabilidades que corresponden a las instituciones.
La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 nos deja datos para celebrar, otros para observar con atención y muchos para seguir interrogando. Pero, sobre todo, nos ofrece una oportunidad para mirar hacia lugares que durante demasiado tiempo han permanecido en los márgenes. Quizá el siguiente paso sea justamente salir de la cifra y caminar el territorio.
Porque detrás del 47,3%, detrás del 45,4% y detrás de cada porcentaje existe alguien. Una mujer, un campesino, un joven, una familia, una historia. Personas que no necesitan solamente aparecer en una encuesta cada cierto tiempo, sino sentir que, cuando necesitan ayuda, existe una institucionalidad capaz de llegar hasta ellas y permanecer.
La salud mental también habita el campo. Allí se cuida entre vecinos, se sostiene en las familias y se reconstruye muchas veces desde la solidaridad comunitaria. Pero también allí debe estar presente el Estado. Vivir lejos de una ciudad nunca debería significar vivir lejos de un derecho. Y mucho menos de uno que toca algo tan esencial como la posibilidad de vivir con dignidad.
Referencias
Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 (ENSM 2025): Resultados y principales hallazgos. Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co
