Iván Camilo Hernández
Este fue el inicio de un inconformismo que fue creciendo a medida que el gobierno en cabeza del Presidente Duque daba muestras de que su intención de gravar la canasta familiar, los servicios funerarios, las pensiones (y un largo etcétera) iba en serio. La respuesta de la gente, de los sindicatos, gremios y la oposición no se hizo esperar: se iba gestando el escenario perfecto para los desafortunados eventos que en los últimos días hemos presenciado en las ciudades. Una pésima estrategia de comunicación y la obstinación del gobierno de seguir adelante con la reforma tributaria sin consultarla, ni siquiera con sus aliados políticos en el congreso, fue la gota que derramo el vaso. El miércoles 28 de abril miles de personas salieron a las calles a expresar su inconformismo aún a pesar de que las cifras de muertos por COVID 19 habían alcanzado un récord. Las marchas fueron multitudinarias y la afluencia de estas en varias ciudades superó con creces las expectativas de los organizadores del paro.
Así, el gobierno fiel a su carácter soberbio no dio señal de ceder ni de retirar la reforma para construir una nueva desde el consenso y la pedagogía. Por el contrario, para tomar una decisión coherente con la realidad del país fueron necesarios cinco días de manifestaciones, bloqueos, heridos, muertos, abuso policial y vandalismo. Decisión tardía, el presidente Duque se enfrenta hoy a un inconformismo que va más allá de la reforma tributaria: por primera vez sectores de la academia, de la oposición e incluso de la bancada de gobierno coinciden en que esta presidencia es un fracaso. Han sido tres años de un gobierno que llegó al poder para satisfacer sus propios intereses y que, en la búsqueda obstinada de ese objetivo, le ha dado la espalda a los colombianos. Colombianos que según recientes estadísticas del DANE cada vez son más pobres.
Hoy 21, 2 millones de colombianos son pobres y 7,4 millones son extremadamente pobres. El gobierno justifica la reforma tributaria para, justamente, evitar que la pobreza siga su incremento abrumador. Se dice que necesitamos cerca de 22 billones de pesos para continuar con los programas de asistencia como lo son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el Ingreso Solidario. En este punto concuerdo con el gobierno, necesitamos mantener estos programas y para eso se necesita dinero. Sin embargo, lo que realmente ha estallado la indignación del ciudadano de a pie es que esta reforma plantee cargas tributarias difíciles de tragar sin una determinación del gobierno por reducir costos administrativos y sin un plan contundente contra la corrupción, que solo para decir lo obvio, nos cuesta varios de los billones de pesos que el gobierno pretende recaudar.
En definitiva, no se trata solo de la reforma tributaria. Se trata de un gobierno que desconoce la realidad del país, que trata con desdén a los ciudadanos y que, por el contrario, se muestra condescendiente con los corruptos. Un gobierno que ha tratado de cooptar las instituciones que deben vigilarlo y hacerle contrapeso como la Procuraduría, la Fiscalía y en el caso más infame la Defensoría del Pueblo. El tiempo que queda hasta el 2022 parece una eternidad e incluso quienes se encargaron de subir a este gobierno al poder están hablando de salvarnos del mismo. Las manos del presidente Duque y sus ministros están manchadas con la sangre de ciudadanos y policías que se han visto enfrentados por la soberbia de un gobernante inexperto que nunca debió llegar al poder.