Leni Viviana Murcia Naranjo · Dayerlis Johanna Ossio García · Yudy Carolina Zuñiga vinculadas al Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria
El presente artículo es fruto de una investigación realizada en el Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria, desde los feminismos del Sur Global, que explora el papel de las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas en la defensa de las semillas nativas y la soberanía alimentaria en Colombia.
En Colombia, la soberanía alimentaria es todavía una promesa incumplida. Aunque la Constitución de 1991 y los tratados internacionales reconocen el derecho a la alimentación adecuada, la vida rural narra otra cosa: hambre persistente, concentración de tierras, criminalización del intercambio de semillas y silenciamiento de quienes han sostenido por generaciones la base agrícola de la vida. Las semillas nativas, columna vertebral de la dieta y la cultura de los pueblos, han sido desplazadas por híbridos dependientes de agroquímicos y protegidos por patentes. En el discurso oficial existe un reconocimiento implícito de su valor como patrimonio biocultural; en la práctica, las arquitecturas normativas y comerciales continúan favoreciendo a los monopolios agroindustriales.
Esta contradicción materializa lo que Silvia Rivera Cusicanqui ha descrito como colonialismo interno: un dispositivo que margina a las comunidades mientras extrae, estandariza y mercantiliza sus recursos vitales [1].
Para comprender cómo se consolidó esta asimetría conviene distinguir, siguiendo la crítica feminista decolonial, entre dualidad y binarismo. En muchos mundos-aldea pre-intrusión, la dualidad de género organizaba esferas diferenciadas —pública y doméstica— con jerarquías reconocibles, pero ambas con plenitud ontológica y politicidad. La casa no era residuo: era un espacio completo, con reglas y voz en la decisión común. La colonial/modernidad tradujo esa dualidad en binarismo: universalizó la esfera pública masculina como medida de lo político y degradó lo doméstico al resto privado. Conservó nombres y rituales, pero reescribió su gramática: lo “desigual pero distinto” devino “desigual y suplementario”. Allí se incubó un súper-patriarcado moderno que, bajo signos de igualdad ciudadana, despolitizó la casa, clausuró tránsitos entre esferas y concentró la autoridad en un solo polo.
Ese pasaje no fue abstracto, la administración colonial y luego el Estado republicano capturaron silenciosamente la intermediación con el exterior: invistieron a los varones como interlocutores “naturales”, les otorgaron acceso privilegiado a recursos, escrituras y trato con autoridades, y reubicaron la politicidad fuera del hogar. Al mismo tiempo, en el frente externo esos mismos varones fueron subordinados al poder blanco, generando una compensación violentogénica: “emasculación” afuera e hipercontrol adentro.
El resultado fue un orden súper-jerárquico que, con apariencia de continuidad cultural, intensificó asimetrías, fracturó alianzas femeninas y expulsó la domesticidad del campo de lo público. Como advierte Rita Segato, el patriarcado contemporáneo se expresa en la apropiación simultánea de los cuerpos y de los territorios: la tierra y las mujeres son tratadas como objetos de administración, explotación y castigo [2].
La economía política de las semillas se inserta de lleno en esa historia. Cuando la casa deja de hablar -cuando sus circuitos de cuidado, trueque y memoria son despolitizados- las semillas salen del tejido comunitario y entran al régimen de patente, registro y paquete tecnológico. La biopolítica estatal e internacional, presentada como modernización, ha producido dependencias: subsidia cadenas largas, estandariza materiales de siembra y sanciona el intercambio tradicional.
A la sombra de ese andamiaje prosperan la bioprospección y la biopiratería: extracción de material genético y conocimiento ancestral -semillas adaptadas, plantas medicinales, protocolos de cultivo- para su conversión en propiedad intelectual sin reconocimiento de derechos colectivos ni distribución justa de beneficios. El lenguaje de la ciencia y la innovación suele encubrir dinámicas de despojo; las víctimas silenciosas son, una vez más, las mujeres que custodian la memoria agrícola y sanadora de sus comunidades.
Frente a ese horizonte, las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas sostienen una resistencia tenaz desde chagras, huertas, cultivos, unidades agrícolas familiares y mercados locales. Custodian, seleccionan y multiplican semillas; tejen redes de confianza; alimentan trueques; sostienen bancos comunitarios. Cada grano conservado condensa una decisión política: mantener abierta la diversidad biocultural frente a la homogeneización extractivista. Sin embargo, ese trabajo rara vez es reconocido por las instituciones, y cuando se intenta “incluirlo” se hace a través de dispositivos universalistas que individualizan el género y transversalizan lo femenino como agregado de lo importante, sin devolverle a la domesticidad su estatuto de parcialidad ontológicamente completa con voz y fuero propios.
La alternativa estratégica no consiste en “agregar mujeres” al aparato público ni en exigir su mimetización con el sujeto nativo del ágora moderna (blanco, propietario, letrado, pater familias), sino en repolitizar la casa y fortalecer al colectivo de mujeres como sujeto: igualar no solo personas sino esferas dentro de cada comunidad. En términos concretos, ello implica reinstalar dispositivos de consulta obligatoria entre esferas (pública–doméstica), crear garantías para alianzas políticas entre mujeres, y reconocer jurídicamente la autoridad de los protocolos consuetudinarios sobre semillas y conocimientos tradicionales.
De esta investigación se desprende una propuesta: redes de guardianas comunitarias de semillas y saberes, lideradas por mujeres, con tres anclajes complementarios. Primero, gobernanza biocultural: bancos de semillas bajo gobierno femenino, registros comunitarios de conocimientos (defensivos frente a patentes), protocolos de consentimiento libre, previo e informado y cláusulas de distribución de beneficios en toda investigación o uso comercial.
Segundo, economía política del cuidado: financiamiento público y crédito justo para mercados campesinos, infraestructura de acopio y transporte de corta distancia, compras públicas de origen agroecológico y circuitos de comercio justo administrados por asociaciones de mujeres.
Tercero, jurisdicción y seguimiento: comités comunitarios de vigilancia contra biopiratería con capacidad de activar medidas cautelares, mapas de riesgo genético y observatorios locales que integren indicadores de alimentación, biodiversidad y violencia de género [3] [4].
Defender las semillas nativas y enfrentar la biopiratería es defender la vida. Pero para que esa defensa sea eficaz, hay que desmontar el espejismo de continuidad que mantiene a la casa sin voz y al campo sin soberanía. La igualdad que solo opera en la esfera pública reproduce la jerarquía ampliada del binario moderno; la igualación entre colectivos de género al interior de cada comunidad —restableciendo la politicidad de la domesticidad— abre, en cambio, el camino para una soberanía alimentaria con rostro de mujer.
La paradoja es evidente: mientras los discursos celebran la soberanía, muchas normas siguen legislando contra quienes la hacen posible. La salida no es romántica ni retórica: es organizativa y jurídica. Convertir la resistencia silenciosa en liderazgo colectivo femenino, traducir las semillas en títulos de dignidad y las tierras en instituciones de gobernanza. Solo así el país pasará de la promesa a la práctica, del binario que suplementa al otro a la dualidad que reconoce, aunque asimétrica, dos esferas completas y con voz.
Referencias
[1] Rivera Cusicanqui, S. (2010). Ch’ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.
[2] Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños.
[3] Restrepo, A., Montoya, N., & Zuluaga, L. (2022). Typologies of intimate partner violence against women in five Latin-American countries: A latent class analysis. International Journal of Public Health, 67(1), 1–10.
[4] FAO. (2022). El derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
