Escrito por: Leni Viviana Murcia Naranjo, en representación del Observatorio de Derecho Agrario de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia
Este artículo surge como resultado de las experiencias de diálogo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que se llevaron a cabo durante el año 2024 con diferentes líderes, lideresas, docentes y expertos temáticos en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia.
La Jurisdicción Agraria y Rural tiene por objetivo resolver conflictos agrarios y rurales de manera especializada ante el órgano judicial. Su creación representa un paso crucial para abordar las profundas problemáticas del campo colombiano, muchas de las cuales fueron causas centrales en el conflicto armado interno de nuestro país.
Esta nueva jurisdicción en nuestro sistema judicial -contemplada en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP- busca principalmente garantizar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos relacionados con la tierra, lo cual la convierte en un elemento fundamental para la implementación de la Reforma Agraria Integral.
A pesar de los progresos en la Reforma Rural Integral (RRI), persisten tensiones y retos legales y políticos. Por un lado, es crucial integrar las demandas de reconocimiento identitario (un paso importante fue el Acto Legislativo 01 de 2024-pero no suficiente), lo que facilitará la participación de los campesinos en el sistema judicial para asegurar políticas de redistribución y condiciones dignas para todos los sectores populares y rurales, incluyendo a población rural, indígenas y afrodescendientes.
Así mismo, como resultado del Acuerdo de Paz, la Constitución colombiana ha incorporado la Jurisdicción Agraria y Rural mediante el Acto Legislativo 03 de 2023. Esta jurisdicción, que modifica el artículo 116 de la Constitución Política, se centra en administrar justicia en áreas rurales, por ejemplo, en las zonas PDET, y especifica que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, será el órgano de cierre.
Además, con el artículo 238A constitucional se crea formalmente y se establece que una ley expedida por el Congreso de la República determinará su competencia, funcionamiento y procedimientos, siguiendo los principios del derecho agrario y derecho procesal, garantizando el acceso a la justicia y la protección de campesinos, grupos étnicos, comunidades afrocolombianas, indígenas, rom y víctimas del conflicto armado.
En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura será el encargado de la implementación gradual de esta nueva jurisdicción, creando tribunales y juzgados agrarios y rurales, con base en criterios como la demografía rural, las zonas PDET, y las áreas focalizadas por los Ministerios de Agricultura y Justicia.
Sin embargo, algunos de los retos que enfrenta la Jurisdicción Agraria y Rural son:
• La necesidad de formación especializada de jueces y funcionarios judiciales y la definición de procedimientos claros y eficientes.
• La resistencia de sectores que se oponen a la redistribución de tierras y a la protección de los derechos de las comunidades campesinas.
• La persistencia de conflictos por la tierra, exacerbados por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico, lo que dificulta la labor de la jurisdicción y pone en riesgo la seguridad de jueces y comunidades.
• La falta de claridad en la propiedad de la tierra, debido a la falta de formalización y titulación.
• Garantizar el acceso efectivo a la justicia para las comunidades rurales, muchas de ellas ubicadas en zonas remotas y con limitado acceso a servicios legales.
• Se requiere apoyo integral que incluya políticas de desarrollo rural, inversión en infraestructura física y digital, y programas de educación y capacitación para las comunidades.
Así las cosas, el fortalecimiento del sistema judicial y el acceso garantizado a la justicia para todos, especialmente para los campesinos, representa un logro significativo en múltiples aspectos sobre esta apuesta estatal por la Jurisdicción Agraria y Rural. Primero, es fundamental para la construcción de una paz estable y duradera. Segundo, permite la resolución de conflictos relacionados con la tierra. Tercero, ayuda a saldar la deuda histórica del Estado con el campesinado. Y lo más importante, contribuye al reconocimiento de los derechos de los campesinos y a la búsqueda de justicia.
Si se implementa adecuadamente, esta jurisdicción impulsaría el acceso gradual a la propiedad de la tierra, tanto individual como colectiva, así como la reparación de las comunidades mediante la asignación equitativa de recursos para satisfacer sus necesidades. Dentro de las oportunidades se enlistan:
• La jurisdicción ofrece una oportunidad única para resolver de manera pacífica y justa los conflictos por la tierra, contribuyendo a la consolidación de la paz y la reconciliación.
• Al garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural y facilitar el acceso a la tierra, la jurisdicción puede dinamizar la implementación de la reforma agraria y promover el desarrollo rural integral.
• La jurisdicción puede proteger los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, grupos minoritarias y mujeres rurales, garantizando el acceso a la tierra y promoviendo su participación en la toma de decisiones.
• Puede contribuir al desarrollo rural sostenible al promover un uso equitativo y responsable de la tierra, fomentando la producción agrícola y la protección del medio ambiente.
• Al brindar seguridad jurídica a las transacciones de tierras y resolver los conflictos de manera eficiente, puede contribuir a la modernización del sector agrario y atraer inversiones.
Un sistema de justicia especializado representa un cambio fundamental para nuestro país, permite que los asuntos del derecho agrario, que históricamente han sido tratados de manera dispersa e inconsistente -por otras jurisdicciones como la civil ordinaria, la contencioso-administrativa o la laboral-, sean abordados de forma integral.
La intervención judicial, enfocada en la resolución de conflictos relacionados con la tierra, se erige como un mecanismo fundamental para consolidar la presencia estatal en las zonas rurales. Esta acción judicial no solo facilita la resolución de disputas, sino que también permite rescatar el carácter plurifuncional del derecho, capacitando al Estado para salvaguardar los intereses económicos, sociales y ambientales de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
Entonces, el Acuerdo Final para la Paz trazó un camino estratégico para la transformación del campo colombiano, y la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural es un pilar fundamental en este proceso. Esta nueva jurisdicción, al trabajar en sinergia con iniciativas como el Catastro Multipropósito (CONPES 3958), los Planes de Ordenamiento Territorial Modernos (CONPES 3870) y el reconocimiento de nuevas formas de organización territorial rural, busca consolidar los objetivos de la Reforma Agraria Integral.
En conclusión, para la consecución efectiva de la reforma rural, se requiere un enfoque que trascienda la mera formulación de políticas territoriales, abogando por un análisis exhaustivo y sistemático del contexto agrario en su totalidad. Se torna imperativo reconocer al campesinado como el núcleo primordial de las disposiciones normativas y las acciones emprendidas por los entes gubernamentales. Solo a través de esta consideración central se propiciará una interpretación precisa de las dinámicas sociales actuales y una implementación adecuada de las enseñanzas históricas y jurídicas pertinentes al panorama colombiano.
