“Arauca es el retrato a escala de Colombia. La situación de Arauca demuestra una vez más el abandono estatal, la falta de políticas públicas acertadas, diferenciadas y estructuradas para ser aplicadas en los territorios, es sin lugar a dudas, la reafirmación de que en Colombia aún son inoperantes e inexistentes las instituciones públicas”.
Por: Leni Viviana Murcia Naranjo e Iván Camilo Hernández
La situación actual del Departamento de Arauca no solo se debe al escalonamiento de la violencia entre las disidencias de las FARC-EP y el ELN, sino que es el resultado de la mirada indiferente, desinteresada e incluso mezquina del gobierno colombiano. La vida de los líderes y lideresas sociales se sigue transgrediendo, la situación de pobreza aumenta en este territorio y, lo más grave, el miedo vuelve a germinar en las calles.
Los problemas que aquejan al departamento de Arauca pueden ser equiparados a los de otros territorios del país. Sin embargo, las dinámicas violentas que afectan a este departamento son, en gran medida, fruto de una falta de identificación de los problemas orgánicos del territorio, es decir, los problemas que desde hace años aquejan a la región.
El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP afirmó que en lo que va de este año “Arauca suma 455 familias desplazadas, 33 homicidios y la explosión de un carro bomba en Saravena. Abandono estatal, olvido de la frontera y disputa ilegal tras dejación de armas de la ex guerrilla de Farc serían algunas razones”.
La situación en Arauca es multicausal, resulta ser la suma de diversos factores que rompen el equilibrio y la paz en los territorios de este departamento de la región de la Orinoquía, sin embargo, más allá de recabar en los hechos que se han suscitado en estas primeras cuatro semanas del año 2022, lo que resulta importante preguntar es: ¿Por qué las medidas gubernamentales para confrontar la crisis de violencia en Arauca han fallado?
El fracaso de las medidas gubernamentales en Arauca se resume en cifras escabrosas, siendo más de 1.000 personas desplazadas, 269 víctimas de desplazamientos forzados, 34 asesinatos contra civiles, 2 secuestros y amenazas contra la vida de líderes y lideresas sociales[1]. En Arauca existen unas guerrillas con raíces profundas, grupos armados que han ejercido una especie de cogobierno durante los últimos cuarenta años. Este arraigo de los grupos armados guerrilleros tiene origen en la migración de campesinos provenientes de Santander, Norte de Santander y Boyacá quienes, en los años 60 con el intento de reforma agraria, encontraron en el departamento un lugar que acogiera una visión más liberal y progresista sobre la tierra que con el devenir del tiempo escaló hasta la izquierda.
El panorama anterior, sumado al hecho de que el departamento de Arauca no ha contado con una institucionalidad que pueda atender las necesidades de la población en su territorio, ha facilitado la aparición, posicionamiento y consolidación de grupos armados ilegales que ejercen violencia y regulan la convivencia ciudadana. La percepción que tienen los ciudadanos en Arauca es que el Estado colombiano no tiene presencia real en el departamento, la muestra más visible del Estado por muchos años ha sido el despliegue de personal para garantizar la seguridad de las empresas petroleras.
Esta percepción no es un asunto menor, según la Contraloría General de la República, Arauca fue el tercer departamento con mayor porcentaje de participación en las regalías en el periodo 1994-2009 con un 10,4%, superado solo por Meta y Casanare con un 12,1% y 23,5% respectivamente. A pesar de estas cifras, Arauca plantea un escenario de débil presencia del Estado en gran parte del departamento, con una notable incapacidad para proveer bienes y servicios públicos a la población.
Es, precisamente, la indiferencia en materia de políticas públicas, presencia estatal y reconocimiento de integridad territorial, la razón por la cual estos actos violentos de las últimas semanas parecen ser un bucle en el tiempo, tal como lo afirmó el Sistema Integral para la Paz en el comunicado para la opinión pública del 21 de enero de 2022: “Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011”.
La situación actual se presenta en un panorama más desolador. El fracaso total en el manejo de relaciones bilaterales con Venezuela ha ocasionado que lo que pudo ser un escenario nacional complejo se convierta en un drama internacional que parece no tener solución. Se trata de una frontera abandonada por los dos Estados. El espacio que dejan los Estados lo ocupan las mafias y la violación de derechos humanos es continuada y generalizada. Así, al abandono estatal y el conflicto armado en Arauca se han sumado las problemáticas sociales y políticas de Venezuela. En este escenario tanto el ELN como la disidencia de las FARC están reclutando migrantes venezolanos para fortalecer su pie de fuerza y presencia en el territorio. Aprovechando su condición de vulnerabilidad, los vinculan como informantes y combatientes.
Las medidas para contrarrestar la violencia en Arauca fracasan porque el abandono fronterizo implica acciones concretas más allá de enviar tropas esporádicamente en el transcurso del año, porque el deterioro en el clima de seguridad y paz se debe a las dinámicas propias de un conflicto entre grupos armados ilegales que se disputan el control que el Estado colombiano no ha podido ejercer sobre el territorio. La población civil en Arauca ha tenido que afrontar décadas de políticas centralistas que dejaron en el olvido a sus territorios, es el mismo Estado colombiano quien los somete a una suerte de indefensión y olvido.
Arauca se encuentra en un laberinto de violencia, en medio del fracaso del modelo de centralización estatal, aquel que reduce la situación en el departamento a una disputa por el negocio del narcotráfico. Desde el centro del país surgen, una y otra vez, las mismas propuestas: recuperar control del Estado en todo el territorio del departamento a través del monopolio del uso de la fuerza. La población araucana, aún aturdida por las bombas y las ráfagas de fusil, se encuentra con propuestas centradas en la erradicación de 250 mil hectáreas de coca, como si esta fuera el origen de la inestabilidad y violencia de la región.
Para este tipo de pensamiento político, que hasta hace poco fue el mayoritario en todo el país, no cabe un análisis integral del sufrimiento de miles de personas desplazadas, dentro de las cuales muchos son niños, niñas y adolescentes desarraigados de su territorio y sus proyectos de vida. Poco importa que los líderes sociales, ambientales, políticos y comunales en Arauca han sido fuertemente desincentivados a participar de la política por la violencia en la región, han sido asesinados y los procesos comunales que llevaban han sido silenciados.
Esta manera de abordar la problemática en Arauca por parte de políticos tradicionales no se estremece con los líderes y lideresas asesinados ni tampoco por los explosivos que destruyen el patrimonio de las familias que han trabajado toda su vida por brindar un mejor futuro a sus familias. Por el contrario, parece que esta tragedia alimenta su discurso, por lo cual poco interesa que se solucionen las causas verdaderas que la originan.
Por esta razón, estos políticos y gobernantes se empeñan en torpedear la implementación del acuerdo de paz en la región. Existe una clara necesidad de avanzar pronto en los proyectos productivos para evitar que los excombatientes reincidan en actividades ilegales o abandonen el proceso de reincorporación. Es una realidad que cada vez más excombatientes abandonan el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Filipinas, la mayoría jóvenes que al igual que los migrantes venezolanos son reclutados por los grupos armados.
En conclusión, Arauca es el retrato veraz de una Colombia que en palabras de William Ospina es “incapaz de darle la cara a los males”, es la fotografía fidedigna de todos los agravios contra la población colombiana, es la consecuencia de desidia legislativa, de ignorancia ejecutiva, del mal del olvido. Arauca, es la prueba de que en Colombia el conflicto armado interno está vigente y, sobre todo, que la región de la Orinoquía sigue empapando su suelo con sangre, lágrimas y casquillos de balas.
«El que quiera hacer la paz de Colombia de verdad, no una estafa, tiene que hacer profundas reformas políticas, sociales y económicas que rediman a este país que vive en unas condiciones de miseria aterradoras” (William Ospina).
Referencias
[1] Véase el comunicado para la opinión pública del sistema integral para la paz emitido el 21 de enero de 2022 a propósito del recrudecimiento de la violencia en Arauca, en el cual se indica: “(…) Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia. El hecho más reciente es el del carro bomba detonado el 19 de enero en el municipio de Saravena que ocasionó daños físicos a los edificios del Terminal de Transporte, ASEDAR, SENA e ICA y que produjo la muerte de una persona de vigilancia. La detonación afectó también al Edificio Héctor Arilo, que al parecer era el objetivo principal del atentado dado que allí se encontraban líderes de distintas organizaciones sociales del territorio, cinco de los cuales resultaron heridos. El impacto es muy alto para el ejercicio del liderazgo, la defensa de los derechos humanos y la participación. Las voces de la comunidad se siguen silenciando y se extienden el miedo, el dolor, la angustia y la incertidumbre. Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de mil personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desparecidos”.
CINEP. (19 de 01 de 2022). CINEP. Obtenido de https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/933-arauca-guerras-locales-abandono-estatal-y-fronteras-olvidadas.html
Ospina, W. (1996). Colombia: el Proyecto Nacional y la Franja Amarilla. Bogotá D.C.: Modadori.
SIP, S. I. (2022). Comunicado para la opinión pública. Bogotá: SIP.
Contraloría General de la República (CGR). (2018c). Resultados del SGR. Informes Departamentales. 7. Arauca 2012-2017. CGR: Bogotá. (Tomado de URL: https://www.contraloria.gov.co/resultados/publicaciones/publicaciones-regalias)
